Innovaciones sin protección

La falta de un marco legal actualizado para garantizar la propiedad intelectual sobre invenciones locales ha causado una caída en el número de patentes venezolanas para desarrollos científicos y tecnológicos, lo que se traduce en una pérdida de oportunidades

Uno de los indicadores de la productividad tecnológica de un país es el número de patentes que logra obtener. Desde 2006, cuando el entonces presidente Hugo Chávez sacó al país de la Comunidad Andina de Naciones, luego de que Colombia y Perú anunciaran que negociaban tratados de libre comercio con Estados Unidos, Venezuela no cuenta con un marco legal confiable que propicie el uso de ese mecanismo de propiedad intelectual.
La medida obligó a dejar de utilizar como referencia la Decisión 486, que otorgaba mayor protección a las invenciones, y volver a la Ley de Propiedad Industrial de 1956, un documento que no ha sido reformado desde su concepción. Las disposiciones de la CAN otorgaban un régimen más amplio de amparo, pues contenían una visión mucho más contemporánea sobre la innovación, según han señalado expertos.
Sin embargo, la falta de concesión de patentes por parte del Estado venezolano es anterior a la decisión de abandonar el organismo regional. En 1997 el régimen de protección de invenciones de Venezuela había alcanzado supunto más alto, cuando concedió 9.844 patentes, pero a comienzos del siglo XXI la tendencia cambió y el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual dejó de otorgar estos certificados.
Para ilustrar lo que ha ocurrido, el investigador titular del Centro de Física y Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IsmardoBonalde, recurre al ejemplo del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, tradicionalmente uno de los mayores generadores de patentes en el país: entre 2002 y 2010 Intevep solicitó al SAPI cerca de 50 solicitudes de protección de invenciones, de las cuales, según sus registros, no fue aprobada ninguna.
Ganancias desperdiciadas
Para proteger sus invenciones, los científicos locales recurren a las oficinas de patentes de otras naciones, entre ellas la estadounidense Uspto, siglas de UnitedStatesPatent and Trademark Office, que entre 1976 y 2010 entregó 394 patentes a venezolanos. Para Bonalde, que no se patente en el país implica una pérdida de oportunidades. “Al generar tecnología generamos también bienes y servicios que pueden comercializarse y aumentar nuestros ingresos”.
Otra traba para la inventiva puede encontrarse en la Ley Orgánica del Trabajo, señala el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Leonel Salazar: “La invención, producto del trabajo intelectual de un investigador que ha recibido financiamiento público, se hace de inmediato de dominio público, es decir, cualquiera la puede usar”. Para el experto, esta decisión del gobierno equivale a botar el dinero.